El uso de biocombustibles ocurre para contrarrestar parcialmente las externalidades negativas que generan los combustibles fósiles al ambiente y a la salud pública -en este caso, por la fuerte toxicidad de los gases de escape de la combustión de los mismos-. Incluso, el gasoil es considerado muy cancerígeno (tipificado como grado I) por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, hecho que justifica rotular como cancerígeno, su expendio en los respectivos surtidores.

En la Argentina se verifica la denominada “captura del regulador”, teoría expuesta por el Premio Nobel de Economía 1982, Dr. George Stigler. Por ello, las políticas de biocombustibles han perdido intensidad; sus adversarios buscan alargar la vida útil de sus activos, sin importar que el país haya quedado descolocado en el contexto mundial.

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La Ley 27.640 -que por estos días el Senado de la Nación intenta modificar-, es un marco regulatorio que contiene disposiciones que atentan contra la Constitución Nacional, como la reducción de la mezcla obligatoria entre gasoil y biodiésel -violatoria de compromisos asumidos por el país ante la comunidad internacional en materia de reducción de GEI - o la prohibición establecida por la que se impide a los grandes crushers de soja y a los refinadores de petróleo, producir biocombustibles para abastecer las mezclas obligatorias en el país -que se contradice con lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Carta Magna.

El régimen promocional establecido por Ley 26.093 terminó en 2021, a pesar de no ser la de los biocombustibles, una industria madura, a diferencia de la industria de derivados de petróleo que opera desde hace más de un siglo en el país y habitualmente obtiene importantes incentivos fiscales nacionales y provinciales. Los mandatos de mezcla tienen un fundamento ambiental y de salud pública. De lo contrario, se usarían los biocombustibles solo cuando su precio relativo sea mejor al de los combustibles fósiles que sustituyen. Al precio de los combustibles fósiles no se agregan las externalidades negativas que afectan a la salud y al ambiente. O sea, la comparación con el precio de los biocombustibles no se realiza a través de la contabilidad social y ambiental.

El mercado interno de combustibles líquidos presenta una gran falla. Se verifica un Índice HH de más de 3800, o sea, que su oferta está repartida en promedio en 2,63 empresas, de las cuales, cuatro justifican más del 94% del total, o sea, existe un oligopolio si lo medimos del lado de la comercialización y un oligopsonio si lo medimos del lado de la demanda de biocombustibles -dado que el grueso de estos se comercializa en mezclas, a través de los refinadores de petróleo-.

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Aunque se regalen los biocombustibles, el precio final al público de los combustibles en surtidores argentinos no se reducirá de manera significativa. Así como ocultan los efectos nocivos para la salud y el ambiente derivados del uso de combustibles fósiles, tampoco se mencionan los altos márgenes de refinación por barril de petróleo que se registran en promedio en el mercado interno, perjudicial para los consumidores argentinos que pagan un importante sobrecosto en los combustibles que adquieren -sin computar la carga impositiva-.

Paradójicamente, promover una competencia sin intervención del Estado nacional, llevará a una fuerte concentración sin que el consumidor reciba los beneficios, además de producir quiebras masivas de las elaboradoras de éstos, particularmente en biodiésel, que dejarán muchas personas sin empleo -los que no se recuperarán aunque se presente la utópica destrucción creativa-.

Entre los proyectos de ley que se debaten en el Senado para modificar la Ley 27.640, el de Patricia Bullrich y otros seis senadores, representa la voluntad de la Secretaría de Energía, quien lo redactó. Plantea algunas medidas positivas como terminar con la prohibición de producir biocombustibles para la mezcla obligatoria que afecta a algunos actores, o elevar el contenido del bioetanol en las naftas al 15%, pero al mismo tiempo, plantea medidas incorrectas -como reducir potencialmente el contenido de biodiésel en el gasoil al 7%-, o incluir en el régimen productos que no son biocombustibles, o facilitar una competencia libre que llevará a una altísima concentración -como que se daría por las disposiciones de su artículo 15, que debe ser eliminado- y otras cuestiones que deben ser revisadas a la brevedad.

Por el contrario, otras iniciativas que también se discuten en el Senado, como las de Vigo-Espínola-Moisés, o la de Royón o la de Ávila, son superadoras y deberían sintetizarse en una, para constituir una opción racional y potente a la primera, salvo que ésta sea modificada estructuralmente. El país necesita que la captura del regulador y las altas concentraciones de oferta que se registran, como así también, la presión para seguir usando en la misma cantidad como si fueran nobles productos altamente contaminantes y cancerígenos, cedan y den paso al bien común.

El autor es analista en Bioenergías y Ferrocarriles